¿A qué se deben las resistencias a la inclusión financiera?

El programa convive con barreras culturales y el temor a un estricto control del Estado para atacar al núcleo duro de la evasión
Por Miguel Noguez y Martín Tocar
La escena transcurre en un pequeño mini-mercado del barrio Buceo. Antes de pagar, el cliente debe manifestar si desea hacerlo en efectivo o con tarjeta de débito. Si paga con billetes, la cajera del comercio toma una calculadora y hace la cuenta. El cliente entrega el dinero y se retira sin que se le entregue una factura que registre la operación.En cambio, si la opción elegida es el plástico, el procedimiento difiere. El comerciante cambia la calculadora por la caja registradora, pasa la tarjeta del cliente por el POS y le entrega factura y comprobante de pago, donde consta el descuento de cuatro puntos de IVA. El ejemplo ilustra la operativa irregular que realiza un comerciante de Montevideo para pagar menos impuestos al fisco.Fomentar la formalización de la economía y extender el uso de los medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo para reducir los costos de funcionamiento del sistema de pagos y hacerlo más eficiente son dos objetivos que el gobierno se planteó cuando puso en marcha el programa de Inclusión Financiera en 2014. Otro es asegurar el acceso de toda la población a los servicios financieros.A tres años de implementada la ley, reaparecieron los cuestionamientos, como ya había ocurrido en la etapa de discusión parlamentaria. Ahora la oposición política y las cámaras empresariales –principalmente del interior del país– apoyan la recolección de firmas para modificar la Constitución y derribar parcialmente la ley de Inclusión Financiera a través de un plebiscito con las elecciones nacionales de 2019.

Resistencias

Entre los argumentos que manejan empresarios, trabajadores y políticos se dejan entrever dos barreras con las que la inclusión financiera convive desde su nacimiento. Una pasa por la cultura y el hábito que todavía perdura entre muchos uruguayos de usar efectivo para todas las transacciones que realizan, aun cuando la tecnología permite emplear medios de pago más eficientes, seguros y transparentes. Martín Pedreira, empresario de Trinidad, lo resume en una imagen: “La famosa libreta del almacén empieza a no caminar más”.

Eso se vincula con la otra barrera, que tiene que ver con los controles y la resistencia a que el Estado cuente con más herramientas para combatir la informalidad y reducir la evasión fiscal que todavía existe.

Si se derogara el carácter obligatorio de la ley 19.210, en 2020 caería la restricción de usar efectivo para el pago de remuneraciones, compra venta de inmuebles y automóviles, y los pagos de montos superiores a 40.000 unidades indexadas (UI, unos $ 145 mil a valores actuales).

A modo de ejemplo, la obligatoriedad de pagar remuneraciones con medios electrónicos contribuye, entre otras cosas, a la formalización del mercado de laboral y va restringiendo la posibilidad de tener trabajadores en negro.

Los sospechosos de siempre

“La inclusión financiera es el Gran Hermano de la DGI”, es una de las frases que opositores de la ley repiten hace tiempo para alimentar el mito de que el fisco recibe información en detalle sobre las transacciones de los consumidores. La única información que obtiene el Estado es que un comercio realizó una venta, cobró IVA y está obligado a pagarle a la DGI.

Aunque el comerciante es libre de trabajar con medios de pago electrónicos, la no aceptación de tarjetas es percibida por la DGI como un indicio de riesgo fiscal, en comercios con ventas anuales de entre $ 5 millones y $ 25 millones. También cuando se realizan descuentos por compras al contado incentivando el uso de efectivo. Se considera que para esos volúmenes de actividad no se puede plantear que el costo del POS sea impedimento para aceptar pagos con plásticos. Este es un elemento más de análisis que la DGI toma en cuenta cuando realiza trabajos de inteligencia fiscal.

12%fue la tasa de evasión de IVA en 2014. “Tasas de evasión por debajo del 10% solamente tienen los países con un elevadísimo cumplimiento de nivel tributario”, dijo en el Parlamento el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.

Una fuente del organismo dijo a El Observador que si bien esto no quiere decir que necesariamente el comerciante esté en infracción, sí se han encontrado “porcentajes significativos” de incumplimientos cuando no se aceptan tarjetas. En esos casos se reliquidan impuestos y se aplica 20% de multas más recargos por mora cuando las obligaciones tributarias no fueron saldadas en fecha. El fisco también ha detectado en esos operativos casos de no facturación o subfacturación.

Por otro lado, entre la amplia batería de incentivos que el gobierno desplegó en los últimos años para facilitar la aceptación de medios de pago electrónicos entre pequeños comerciantes, dispuso a partir de enero de 2017 una transición gradual entre regímenes tributarios para contribuyentes incluidos en los regímenes de monotributos y las empresas comprendidas en el literal E (empresas con facturación inferior a 305.000 UI anuales, $ 1,1 millones a valores de hoy).

Estas empresas pagan impuestos sobre un ficto y no sobre sus ventas reales. Al aceptar tarjetas y tener que blanquear esa parte de las ventas cabe la posibilidad que muchas de ellas superen el mínimo a tributar por régimen simplificado y tengan que pasar a pagar por el régimen general. Es por eso se habilitó a que los ingresos que se generen por operaciones con medios electrónicos se computen parcialmente durante tres años para el cálculo de los topes. Recién en 2020 se computará 100% y se establecerá si la empresa debe cambiar de régimen tributario en caso que se supere el tope previsto.

Tres reclamos

Para el coordinador del programa de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, básicamente hay tres grandes argumentos contra la ley: la obligatoriedad, los aranceles que cobran las tarjetas y los problemas de implementación en las localidades más pequeñas, según dijo esta semana a La Diaria.

La obligatoriedad es el eje central de los reclamos y es a lo que apunta cambiar el plebiscito. El gobierno defiende el carácter obligatorio de la ley con el argumento que es la única forma de asegurar la universalización del programa. Por otra parte, el carácter obligatorio combate la asimetría entre trabajador y patrón. Según el gobierno, si el pago por vía electrónica fuera opcional, en muchas empresas la decisión acabaría recayendo en el empleador y no en el empleado, que además hoy puede elegir en qué institución cobrar.

También se entiende que la obligatoriedad permite acelerar la penetración de los medios electrónicos, y eso a su vez colabora a solucionar otro de los reclamos: el costo operativo. Los aranceles que cobran los emisores de las tarjetas han estado sobre la mesa casi desde el nacimiento de la ley. Cada vez que desde el Parlamento surgieron sucesivas iniciativas para regular por ley los máximos, el equipo económico se ha manifestado en contra y ha reivindicado, en cambio, el camino del común acuerdo, por el que los aranceles en débito bajaron de 7% a un máximo de 2%.

“La gente aferrada al billete físico va a quedar por el camino. Seguir aferrados al efectivo y al cheque es seguir aferrados a un mundo caro, ineficiente, opaco”, dijo el presidente del BCU, Mario Bergara

En cuanto a las dificultades que presentan las pequeñas localidades, la normativa se fue modificando para atender los principales reclamos. En abril, el Poder Ejecutivo extendió el plazo de prórroga para la entrada en vigencia de la obligatoriedad del pago de remuneraciones por vía electrónica para aquellas localidades con menos de 2.000 habitantes. Por eso, Vallcorba se molesta cuando escucha a las principales figuras de los partidos hablar de personas que tienen que recorrer 50 kilómetros para cobrar el sueldo, un argumento que ha manejado públicamente el líder nacionalista Luis Lacalle Pou.

“Eso no es correcto”, afirma el asesor del MEF, quien día a día recuerda públicamente que la obligatoriedad no rige para las localidades pequeñas que no tienen un punto de extracción de efectivo a menos de 3 kilómetros de distancia. “Puede ser que haya un trabajador que tenga que recorrer 80 kilómetros, pero no por la ley de Inclusión Financiera, sino porque, en definitiva, su patrón decidió pagar así; no está obligado por la ley ni nada por el estilo”, explicó Vallcorba en el Parlamento.

Eso no quita que no haya puntos a mejorar e incluso hay quienes opinan que el plebiscito llegaría demasiado tarde.

Argumentos a favor y en contra

Obligatoriedad

El argumento de los que van contra la ley es que esta vulnera el principio de libertad de elección, al impedirle al trabajador cobrar su salario en efectivo. Algunos comercios apuntan contra la obligatoriedad de aceptar tarjetas, algo que no está previsto por la ley.

Según el gobierno, la obligatoriedad es necesaria por dos motivos: para darle carácter universal y para combatir la asimetría de poder entre empresarios y trabajadores. Además, agiliza la penetración de los medios electrónicos, reduciendo sus costos.

Pequeñas localidades

Entre los reclamos se mencionan las dificultades que la ley representa para las localidades más pequeñas. Empresarios y políticos han denunciado que algunas personas recorrer más de 50 kilómetros para cobrar el sueldo. Además, reprochan la disminución de efectivo circulando en la calle.

Sin embargo, la ley contempla esas dificultades y por eso se aplazó la obligatoriedad para las localidades con menos de 2.000 habitantes. Según el asesor del MEF, Martín Vallcorba, puede haber gente que recorra más de 3 kilómetros, “pero no por efecto de la ley”, sino por libre elección del empleador.

Aranceles de las tarjetas

Los pequeños comercios protestan por los altos aranceles que les cobran los emisores de las tarjetas, diferente al que pagan las grandes superficies.

El gobierno reivindica el camino que se ha seguido, que permitió bajar el arancel máximo de 7% a 2% en débito. La promesa es que para fines de 2017 el tope sea de 1,5%. Además, el plebiscito que se está impulsando no modificaría en nada este punto.

Otras cifras

25% de los trabajadores lo hacen en negro, según datos del INE. El sector más propenso a la informalidad es el de las trabajadoras domésticas (65%). El gobierno pospuso la obligatoriedad de los pagos electrónicos para ese rubro.

300.000 es la cantidad de cuentas bancarias que se han abierto para el pago de remuneraciones, pasividades y beneficios sociales. A eso se suman unos 500.000 instrumentos emitidos de dinero electrónico para uso general, pago de remuneraciones y pago de prestaciones de alimentación.

52.000 terminales POS había operativas al 31 de marzo pasado en la economía uruguaya. La cantidad se multiplicó por cuatro en los últimos seis años. Los comercios de menor tamaño pueden acceder a un aparato de POS por menos $ 90

“También puede haber atrás alguna intencionalidad de algunos actores que no les sirve que haya un contralor estricto”, dijo el presidente Tabaré Váquez.

Fuente: El Observador

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